35 muertos, 150 heridos, 0 detenidos
Foto: Archivo

Por Miguel Ángel Boizo

Ciudad de México, 28 de Agosto. El 20 de agosto de 1967, al intentar celebrar el Congreso de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero (URPCEG), más de 800 personas fueron recibidas a tiros por la policía y matones a sueldo, dejando 35 muertos y 150 heridos, respaldando con ello a la dirigencia <<charra>>. Dicho congreso, tendría como objetivo, mostrar su disidencia ante la fraudulenta elección de Jesús Flores Guerrero (presidente "electo" de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero). Con ello, el gobierno del Estado encabezado por Raymundo Abarca Alarcón y los acaparadores regionales de la copra (médula del coco de la palma), pretendían evitar que los campesinos democratizaran sus organizaciones y protestaran por los altos impuestos a la producción de la copra. En esos años, la palmera de coco era oro para los campesinos. Han pasado 50 años sin justicia para los asesinados, 50 años de lo ocurrido y no ha habido detenidos.

Los cacicazgos locales, afectados por el reparto agrario, encontraron en el acaparamiento de los productos comerciales, la nueva forma de explotación y control de la estructura productiva de la región. Así que, junto con el cultivo de la copra se desarrolló una dependencia entre los productores y los caciques acaparadores teniendo sus operadores locales, que en la cúspide era un grupo reducido que contaba con el crédito del banco y habilitaban a los productores para comprometer la cosecha con guardias, pistoleros para asegurar el control. 

Los campesinos endeudados, con anticipos usurarios a cuenta de cosecha, vendían al tiempo a precios ínfimos y a una extensa red de coyotes que, a su vez eran controlados por la "casa Fernández" —vieja conocida–, la Bola de Nieve y la Especial. Candelario Ríos y Jesús Flores son los hombres que mueven copra y copreros. La contradicción entre los copreros pobres y medios, frente a los abusos hizo crisis cuando al bajo precio que pagaban, el Estado gravó su producto con un impuesto al kilo de copra y a la palmera en producción. 

La lucha campesina tomó un giro importante y se organizó en rebeldía para no pagar el impuesto, dándose cuenta de la fuerza que tienen, esbozan un proyecto para deshacerse del coyotaje y así controlar los factores económicos de la producción. Así surge en 1951, la Unión Regional de Productores de Copra, y en 1957, la cooperativa Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados.