Juez suspende dos causas penales de la extradición
Foto: Lucia Joselin Muñoz

Foto: Lucia Joselin Muñoz. Archivo

Por Lucia Joselin Muñoz

Ciudad de México, 18 de julio 2017.- Familiares de personas desaparecidas, mediante un comunicado, exigen que se investigue a Javier Duarte y otros funcionarios de su administración por la desaparición de personas y agotar las líneas de investigación para otros posibles delitos, esto con la finalidad, aseguran, de garantizar el derecho a la verdad y justicia a la sociedad.

En ese sentido, los familiares de personas desaparecidas señalan el temor de que la extradición no garantice el acceso a la justicia ni la posibilidad de encontrar a sus seres queridos, es decir, que Javier Duarte no sea juzgado por delitos de desaparición y asesinato, pues el Tratado de Extradición entre Guatemala y México firmado en 1997 contempla que la persona reclamada no podrá ser detenida o juzgada por un delito distinto por el que se concedió la extradición.

Durante el gobierno de Duarte, los índices de violencia aumentaron en Veracruz, dejando miles de desaparecidos y asesinados, entre ellos al menos 21 periodistas, 18 de los cuales fueron asesinados y 3 se encuentran desaparecidos. Veracruz es uno de los estados con mayor registro de personas desaparecidas, familiares han señalado en reiteradas ocaciones la complicidad del gobierno de Duarista con el crimen organizado:

“Aquí en Veracruz, durante el gobierno de Duarte la policía se llevaba a los muchachos, antes de eso sabíamos que los iban a presentar como dice la ley, pero con Duarte, sabíamos que si se los llevaban ya no iban a aparecer, ya no aparecían, no los presentaban, algunos se los entregaban al narco, iban por ellos por orden del narco, otros no sabemos qué les hicieron, pero sabíamos que si la policía se llevaba a los muchachos ya no iban a aparecer porque no los presentaban”.

Cuenta el testimonio de una madre que busca a su joven hijo desaparecido durante el gobierno de Duarte, en ese sentido, la preocupación de las familias es que los crímenes de desaparición forzada relacionados con el ex funcionario y colaboradores de su gabinete como Arturo Bermúdez Zurita y Alfonso Zenteno, queden en la impunidad:

“… es necesario terminar con la impunidad que controla al Estado Veracruzano para luchar contra este terrible crimen que azota y se esparce en el país. Un tratado de extradición no puede dejar en impunidad posibles crímenes de lesa humanidad estipulados y violaciones graves a derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales en la materia”.

Por otro lado, organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, ha señalado que durante el gobierno de Duarte, Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo, por lo que en un comunicado firmado por Periodistas de a Pie, Artículo 19, Derecho a Informar, La Unión de Medellin, entre otros, increpan que ninguno de los crímenes en contra de periodistas haya sido esclarecido, señalando también la criminalización a las víctimas, y el desinteres por detener y castigar a los autores intelectuales y materiales:

“Estamos convencidos de que Javier Duarte de Ochoa, así como sus más cercanos colaboradores -quienes también deben ser investigados- tuvieron un alto grado de responsabilidad en los crímenes antes señalados, tanto por acción como por omisión, por lo que pedimos que las investigaciones atraídas en la FGE y en la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sean reactivadas lo más pronto posible.”

Sin embargo, lejos de escuchar la petición de los familiares de personas desaparecidas de Veracruz, al cual se han sumado individuos y colectivos a nivel nacional, y del llamado que hace los periodistas, un Juez Federal suspendió el día de hoy dos causas penales contra Javier Duarte, la 38/2017 y la 56/2017, fincadas por la Fiscalía de Veracruz, que incluyen incumplimiento del deber legal, tráfico e influencias, abuso de autoridad, peculado, y coalición.