El despojo de tierras comunales detrás del hecho represivo
Acto protesta

Por Heriberto Paredes
Fotografías de Susana Norman

 

El pasado 14 de julio se llevó a cabo un acto de protesta en las afueras de la representación del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, para insistir en la liberación absoluta de los 13 presos políticos detenidos en Calzontzin, municipio de Uruapan, Michoacán. Desde el momento de su detención –el pasado 24 de febrero– ha habido violaciones a los derechos humanos, irregularidades en el debido proceso y sobre todo el encubrimiento del despojo de tierras que inisiste en perpetuar el gobierno estatal contra tierras comunales dotadas por una resolución presidencial.

Fue en una de las entradas de la comunidad p'urhépecha de Calzontzin que tuvo lugar un operativo policiaco coordinado entre policía Michoacán y policía federal para dispersar un bloque de las vías de comunicación. La violencia desatada por la policía está ya documentada y ha sido parte de las denuncias hechas por la defensoría jurídica de los detenidos.

Como trasfondo a esta situación de represión, se trata de la apropiación de terrenos comunales a manos de PEMEX con apoyo del bobierno de Silvano Aureoles; los terrenos en disputa fueron otorgados a la comunidad como una dotación agraria bajo el régimen de propiedad de la tierra comunal, por lo que no se puede ni vender, ni enajenar y sólose puede usar por los comuneros con derechos certificados.

Acto protesta

El operativo policiaco detuvo a 17 personas y las remitió como si ellas fueran responsables de algún delito, lo cual no es del todo cierto, pues su delito sería estar en el lugar equivocado a la hora equivocada o bien, defender a su comunidad del despojo de la paraestatal y ejercer el derecho a la libre manifestación. Tras un par de días, 4 detendios fueron puestos en libertad y 13 continuaron presos.

Actualmente, tras la la pasada audiencia el 14 de julio, la situación jurídica se define de la siguiente manera: 12 de ellos se sometieron a un juicio abreviado a partir del cual fueron declarados culpables de haber herido a un policía y de haber retenido vehículos de una empresa particular durante varias horas; la sentencia marca el pago de mil pesos por cada uno de los detenidos y tres años de cárcel que pueden pasar en libertad condicional.

Acto protesta

De manera diferenciada, José Alejandro Esquivel Álvarez, decidió luchar para demostrar su inocencia y por ello pasará el proceso extendido con juicio oral en prisión preventiva, teniendo la siguiente audiencia el 28 de julio de 2017. Bernardina Esquivel Álvarez comentó, al salir de la audiencia, que su hermano no cometió ningún delito y la familia está lista para defenderlo y que salga libre de los cargos de sabotaje y lesiones.

En el acto de protesta, mientras la audiencia tenía lugar en Urupan, diversas organizaciones sociales, como la Red contra la Represión y por la Solidaridad, así como pobladores de comunidades p'urhépechas integrantes del Congreso Nacional Indígena, se manifestaron por la libertad de los detenidos y por el esclarecimiento de los motivos de fondo que llevaron a estos hechos represivos.